Crisis gobierno - Cicig

Organizaciones nacionales e internacionales así como la Procuraduría de los Derechos Humanos presentaron ante la Corte de Constitucionalidad por lo menos cinco amparos en contra de las medidas realizadas por el gobierno por medio de la canciller Sandra Jovel, de expulsar a los abogados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Los 11 profesionales del derechos tienen hasta hoy al medio día, según la disposición del gobierno, para abandonar el país, luego que fueras notificados de que sus permisos especiales habían sido derogados ya por el Ejecutivo.
Las entidades demandan de inmediato cese ya el acoso contra la Cicig y que se deje trabajar a esta oficina en contra de la corrupción que ha sumergido a nuestro país en la más cruel pobreza extrema y para que las autoridades del gobierno suspendan la orden de expulsión que pesa sobre los investigadores de la comisión.
El martes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial un anuncio en el que notifica a 11 colaboradores de la CICIG sobre la revocación de sus visas, así como el retiro de sus credenciales e inmunidades. Un día después, Migración divulgó un aviso en el que notifica a los funcionarios que, como consecuencia del despojo de las visas, deben abandonar el país en 72 horas.
El plazo se vence hoy a las 12:45 horas. Ayer, la Corte de Constitucionalidad (CC) se reunió para analizar las acciones planteadas para revertir la decisión que tomó el Gobierno contra los funcionarios de la CICIG, sin embargo, por la noche se informó que las peticiones están bajo análisis y se discutirán hoy en una reunión del pleno.
La CC conoce peticiones para hacer cumplir los amparos otorgados anteriormente para garantizar el trabajo de la CICIG, mediante el cumplimiento del acuerdo del Estado de Guatemala con Naciones Unidas que da vida a la Comisión.
En sus resoluciones, la CC exhorta al gobierno y al Presidente a cumplir con ese acuerdo, aprobado por el Congreso, y a resolver cualquier controversia mediante el diálogo con Naciones Unidas.
Además piden a la CC que promueva la ejecución del amparo que otorgó en septiembre pasado, que permite el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez y ordena al gobierno resolver las controversias sobre la CICIG según el acuerdo con Naciones Unidas y declare en desobediencia a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y en consecuencia, sea destituida.
Mientras tanto la fiscal general Consuelo Porras manifestó que “al momento de haberse suscrito un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas que da origen a la CICIG, este es de aplicación obligatoria”, dijo.