Tres instituciones públicas se comprometen a fortalecer la persecución penal

Tres instituciones públicas se comprometieron este martes a fortalecer la persecución penal del trabajo forzoso y la explotación laboral en Guatemala.

El compromiso quedó establecido en un convenio firmado por el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La fiscal general, María Consuelo Porras; el ministro de Trabajo en funciones, Francisco Abraham Sandoval, y el titular de la PGN, Jorge Luis Donado, acordaron establecer acciones conjuntas para el abordaje del fenómeno de la trata de personas, sobre todo de explotación laboral y trabajo forzoso.

Con el convenio interinstitucional se buscar tener una mejor coordinación que permita la detección, atención y derivación adecuada de los casos relacionados con el trabajo forzoso, la explotación laboral, el trabajo infantil y sus peores formas, así como fortalecer los procesos de investigación, señala un comunicado del Ministerio de Trabajo.

Para la ejecución del convenio se conformará una mesa técnica liderada por representantes de cada una de las instituciones firmantes, quienes se encargarán de:

Identificar, coordinar y ejecutar acciones conjuntas para la detección, atención y derivación de víctimas de trata de personas.
Establecer una ruta para hacer efectivas las acciones que cada institución realiza dentro de su competencia.
Implementar mecanismos para evitar la revictimización de las personas que han sido víctimas de trata, utilizando métodos de atención victimológica inmediata primaria y secundaria.

Proponer acciones conjuntas para fortalecer los mecanismos internos e interinstitucionales en la lucha contra la trata de personas en las modalidades de explotación laboral y trabajo forzoso u otras que se detecten.
5, La mesa técnica se encargará también de desarrollar un plan de trabajo anual que contenga las acciones que se realizarán de manera conjunta, entre ellas capacitaciones, intervención institucional y operativos que permitan abordar de manera integral a las víctimas de trata de personas.

Además, facilitará el intercambio de información, mantendrá una comunicación directa para casos de urgencia y promoverá el intercambio de buenas prácticas dentro de las instituciones y la identificación de problemas para coadyuvar a la solución.

Para las acciones y actividades del convenio no se requiere la erogación de fondos de ninguna de las instituciones que lo firman, ya que se sustenta con los principios de reciprocidad, gratuidad, buena fe y pertenencia.