Canícula prolongada provoca pérdida de 695 millones de quetzales en daños a cultivos

 La canícula prolongada, que afecta 163 municipios, principalmente los ubicados en departamentos del oriente de Guatemala, ha provocado la pérdida de 695 millones de quetzales en daños a cultivos agrícolas y se estima que afecta a 291.705 familias, indicaron hoy fuentes oficiales.
“El informe técnico de la Mesa de Pronóstico, con relación a la canícula prolongada, señala que las pérdidas ascienden a 695 millones de quetzales”, afirmó este jueves Mario Rojas, técnico de emergencias de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).
El funcionario divulgó la cifra durante la segunda reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), que dirigió el presidente en funciones de Guatemala, Jafeth Cabrera.
Por su parte, Mario Méndez, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), subrayó que “hasta el momento tenemos cuantificadas 291.705 familias afectadas y 180.513 hectáreas de cultivos dañadas”.
Para atender la emergencia, el Gobierno de Guatemala busca alternativas y entre las opciones está pedir una ampliación presupuestaria al Congreso de la República y no se descarta solicitar la declaración del estado de calamidad.
Durante la reunión, el Conasan aprobó una hoja de ruta para dar seguimiento a la problemática, la cual afecta a Chiquimula, El Progreso, Zacapa, Totonicapán y otros departamentos del país centroamericano.
Méndez detalló que actualmente el MAGA tiene 35 millones de quetzales para compra de alimentos y 96.000 raciones de alimentos para atender a los afectados, sin embargo, los recursos no son suficientes.
“Esta emergencia sobrepasa las 291.000 familias afectadas y nunca se tiene una reserva de esa magnitud. No se daba una emergencia como esta desde 2014”, explicó a periodistas después de la reunión.
Durante la cita, el diputado Marcos Yax, presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso, dijo que trasladará la información a los jefes de bloque del Organismo Legislativo para analizar si es necesario declarar un estado de calamidad.




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