Otra ofensiva en contra de la Libre Emisión del Pensamiento

La Asociación de Periodistas de Guatemala y su Comisión de Libertad de Prensa deploran las argucias del Organismo Legislativo con las cuales buscan socavar la libertad de expresión y libertad de prensa, mediante una nueva iniciativa de ley que busca reformar el Código Penal para sancionar las expresiones en línea y en medios de comunicación en contra de políticos, aspirantes a puestos de elección popular y funcionarios electos.

Este martes cinco diputados presentaron una iniciativa para reformar el artículo 407 “p” del Código Penal y crear el delito de “Acoso Político” que conllevaría penas de prisión de 2 a 3 años a quienes realicen actos de presión, persecución u hostigamiento a las personas postulantes, electas, designadas o en ejercicio de la función pública, durante o después del proceso electoral, por cualquier medio de difusión y/o en plataformas digitales “con la finalidad de impedir el ejercicio de su derecho político o induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad, sus principios y de la ley”.

El delito sancionaría además con multas de dos mil a diez mil quetzales a personas jurídicas o empresas si las críticas fueran emitidas por empleados o el representante legal de estas.

La iniciativa crearía además el delito de “Violencia Política”, que sancionaría con cárcel de 2 a 3 años a quienes “realicen actos de violencia física y/o psicológica o cualquier otro tipo de coacción, contra personas postulantes o electas (…) con el objetivo de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos, mandato o función”.

Propuestas como estas evidencian una vez más la ignorancia de los congresistas ante los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado y la iniciativa nacional que protege el derecho de toda la ciudadanía a expresar sus ideas sin censura previa.

Esta iniciativa se suma a la iniciativa 5239 ley contra actos terroristas o mejor conocida como “ley mordaza”, la cual incluye un artículo sobre “ciberterrorismo” que sancionaría y censuraría los comentarios en línea.

La APG alerta nuevamente las acciones oscuras de diputados corruptos que buscan mediante mecanismos legales blindarse de las críticas e investigaciones de la prensa por sus acciones ilícitas e impedimentos que podrían truncar sus aspiraciones de continuar ostentando una cuota de poder dentro del Estado.