APG condena ataques de presidenciable de UNE Sandra Torres contra el Periódico

La Asociación de Periodistas de Guatemala APG y su Comisión de Libertad de Prensa rechazan categóricamente las acciones legales maliciosas interpuestas por Sandra Torres, candidata presidencial del partido UNE, en contra de integrantes de elPeriódico, por supuestas acciones que sgún ella se enmarcan en la Ley de Femicidio. Esta no es la primera ocasión en que Torres emplea esta norma para intentar silenciar a miembros de ese medio, lo cual evidencia su intolerancia a las críticas.

La denuncia que interpuso la candidata, por supuesta violencia en contra de la mujer, en contra de sus editores de nacionales, cultura, fotografía, investigación y diseño, así como a su gerente de ventas. Torres había solicitado que se prohibiera a los editores realizar publicaciones sobre ella o su familia.

En febrero la jueza de femicidio Neldy Vanesa Rodríguez ordenó que se archivara el expediente, al considerar que los hechos denunciados no son competencia de esa judicatura y se enmarcan en ley constitucional de Emisión del Pensamiento, Torres presentó una apelación ante la Sala Segunda de Apelaciones, misma que fue aceptada.

Los miembros de la sala, Rafael Morales Solares, Franc Armando Martínez Días y Fredy López Contreras, ordenaron al juzgado de femicidio que dictara medidas a favor de la candidata presidencial.

Las acciones de Torres no solo muestran su evidente animadversión hacia los medios críticos y su determinación a emplear de forma maliciosa las leyes para intentar censurar los comentarios en su contra, sino también la ignorancia de ciertos jueces ante la normativa nacional e internacional referente a la libertad de expresión.

La APG remarca que cuando existan posibles faltas relacionadas a la libertad de expresión, estas deben conocerse por los Tribunales de Honor o Tribunales de Imprenta, como marca la Ley de Emisión del Pensamiento. Esta asociación observa con preocupación que acciones de este tipo se naturalicen en Guatemala y puedan traer resultados nefastos para la prensa y la ciudadanía en general.

El acoso judicial en contra de medios de comunicación y periodistas no solo afectaría la labor de los denunciados, sino que podría tener un efecto amedrentador en otros miembros de la prensa y en un futuro instaurar un clima de autocensura generalizada. Además, el alto costo de los procesos y las desorbitantes multas económicas que podrían imponerse, afectaría severamente la situación económica de los medios.

APG recuerda a los aspirantes políticos sus recomendaciones, incluidas en su informe de Estado de Situación de la Libertad de Expresión, presentado el 3 de mayo último, respecto a que eviten utilizar el derecho penal para amedrentar a comunicadores o medios.

Exhorta además a las diferentes agrupaciones políticas con presencia a nivel nacional y municipal a instruir a sus colaboradores, empleados, correligionarios, miembros y candidatos a respetar los derechos de los periodistas y evitar agresiones en su contra, como ha sucedido en el presente año.